La situació de la dona durant el franquisme

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LA MUJ ER EN LA DICTADURA FRANQUISTA.
El feminismo, como movimiento en el que se expresan y canalizan aspiraciones a
una participación más activa por parte de las mujeres en las decisiones que atañen a la
organización social, surge durante los años sesenta del siglo XX de un modo similar en
diversos países. Por un lado, entronca con aquel primer feminismo que giró en torno a las
sufragistas y a al reivindicación de los derechos políticos y cuyo impulso quedó sepultado
en parte como una de tantas consecuencias de las dos guerras mundiales. Por otro lado,
forma parte de un movimiento más amplio de protestas protagonizadas por los más
jóvenes, que planteaban la necesidad de ampliar la democracia, volviéndola más inclusiva
y transformando los modos de entender las actividades políticas y las maneras en que se
tomaban las decisiones.
Sin embargo, la situación en España presentaba entonces rasgos específicos
porque, a diferencia de otros países como Francia, Alemania, Italia o Estados Unidos, que
vivían en marcos políticos democráticos, en este país todavía dominaba la dictadura
instaurada tras el golpe militar y la guerra civil que derrocó al gobierno de la República.
En contraste con la legislación crecientemente igualitarista de los tiempos
anteriores a la guerra civil, el r égimen encabezado por Franco desarrolló una
legislación que excluía a las mujeres de numerosas actividades, en el intento de
mantenerlas en roles muy tradicionales, que poco tenían que ver con las tendencias que se
estaban manifestando en Europa 1 . Si el conjunto de la población carecía de los derechos
individuales y políticos propios de las democracias, las mujeres estaban mucho más
relegadas aún. A partir de 1 de enero de 1939 se obligó a dar de alta a las mujeres y a los
hombres por separado. Aquéllas (pero no éstos) debían declarar el nombre del cónyuge,
su profesión, lugar de trabajo, salario recibido y número de hijos. Es más, a finales de
aquel año se prohibió a las mujeres inscribirse como obreras en las oficinas de
colocación, salvo si eran cabezas de familia y mantenían a ésta con su trabajo, estaban
separadas, se hallaba incapacitado su marido, o eran solteras, bien sin medios de vida,
bien en posesión de un título que les permitiera ejercer algunas profesión.
La miseria de la posguerra se cebó especialmente con las mujeres. Por ejemplo, se
produjo un aumento significativo de la prostitución, tolerada hasta 1956, fenómeno que se
convirtió en una válvula de escape de una sociedad moral y sexualmente opresiva,
sometida a los preceptos de la Iglesia. El régimen puso en marcha instituciones de
reclusión de las prostituidas como las llamadas Prisiones Especiales para Mujeres Caídas,
creadas por un Decreto publicado en el BOE el 20 de noviembre de 1941. También en ese
mes y año nació el Patr onato de Protección a la Mujer, constituido formalmente en
marzo de 1942, presidido por Carmen Polo de Franco buscando para las prostitutas
“impedir su explotación, apartarlas del vicio y educarlas con arreglo a las enseñanzas de
la religión católica” además de informar sobre el estado de moralidad en España y luchar
por su predominio 2 . El patronato se encargará también de la vigilancia y control de las
prostitutas y locales de prostitución y pondrá en marcha una red provincial destinada a
controlar la moral y a denunciar a los cines, piscinas o locales de baile que contravengan
1 Carme Molinero, “Mujer, franquismo, fascismo. La clausura forzada en un ´mundo pequeño`”, en Historia
Social, nº 30, pp. 97117.
2 A. Roura, Mujeres para después de una guerra. Informes sobre moralidad y prostitución en la posguerra
española , Barcelona, Flor del Viento Ediciones, 1998.
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las rígidas normas de la Iglesia en cuanto a estos temas. La “limpieza” del ambiente era el
objetivo y para ello las juntas provinciales de Patronato mandaban sus vigilantes,
denunciando a la policía cualquier expresión de “pornografía”, desnudismo,
promiscuidad, que no sólo era una vulneración de la moralidad católica sino una muestra
de “exotismo antiespañol”. La mera convivencia en el trabajo entre hombres y mujeres se
describe como fuente de problemas y de riesgos.
El franquismo asumirá la trilogía nazi niños, hogar , iglesia (Kinder, Küche,
Kirche) que tanto recordaba al ideario tradicional. No se puede hablar de originalidad del
franquismo a la hora de tratar a la mujer más allá de que la tradición de sometimiento
femenino era más fuerte por la implantación del tradicionalismo católico. Su actitud
antifeminista le hace ver a la mujer como un ser inferior espiritual e intelectualmente, que
carecía de una dimensión social y política y que tenía una vocación inequívoca de ama de
casa y madre. Es el reflejo de prejuicios antiguos de raíz católica, reforzados por
corrientes europeas decimonónicas como el irracionalismo, el nacionalismo conservador
o el positivismo.
Por tanto, se practicará un discurso de reclusión de la mujer en el ámbito del
hogar, de sumisión frente a los padres primero y luego frente al marido, de alejamiento
del trabajo extradoméstico y de los foros de vida pública que tenía, además, una base
biologista muy clara, que se proyectaba en las diferencias congénitas entre el hombre y la
mujer. La mujer será “templo de la raza” y depositaria de la socialización de los hijos en
los valores del régimen. Es un mensaje basado en la incompatibilidad biológica y natural
de la mujer con su independencia laboral o jurídica. En el ámbito sexual se reprimirá
cualquier atisbo de libertad en el cuerpo de la mujer, persiguiendo activamente el aborto,
eliminando el divorcio y manteniendo una política natalista que, aunque fracasará, será el
pilar básico del discurso dirigido hacia la mujer.
La propaganda franquista siempre se dirige a la mujer por un lado como un ser
superior en cierta medida al hombre sus virtudes físicas (la maternidad) y por sus
atributos morales (dulzura, protección, etc..) frente a un hombre siempre más hosco y
guerrero. Esta conversión de la mujer en “virgen”, en “vestal”, en receptáculo del amor y
la vida en definitiva es el contrapunto frente a una realidad de sometimiento en la vida
cotidiana y que el régimen franquista va a reafirmar en todos los planos mediante la
limitación jurídica de su capacidad y mediante el control de su cuerpo y actitudes. En este
campo, la Iglesia era la más activa defensora de estas estrechas pautas de comportamiento
especialmente en lo que se refiere a la moralidad pública que se traducía en la forma de
vestir o en las pautas de comportamiento que tenían en la pureza y en la decencia formal
unos referentes inexcusables.
El organismo que en España asumió la organización de las mujeres fue la Sección
Femenina de FET y de las JONS, encabezada por la hermana del fundador de Falange,
Pilar Primo de Rivera 3 . También intentaba emular a las organizaciones nazis y fascistas,
con sus propias peculiaridades, en este caso con una gran presencia del elemento
religioso. Esta organización tenía como misión organizar la aceptación del régimen entre
las mujeres a través de distintos mecanismos, reforzando pues el consenso y haciendo
frente a un hecho claro a esas alturas del siglo XX: que había que contar con la mujer
3 María Teresa Gallego Méndez, Mujer, Falange y franquismo , Taurus, Madrid, 1983. Rosario Sánchez
López, Mujer española, una sombra de destino en lo universal. Trayectoria histórica de Sección Femenina de
Falange (19341977),
Universidad de Murcia, Murcia, 1990.
3
como un grupo con una fuerte influencia en todos los órdenes y que una organización
fascista no podía ignorar. Otra cosa era que precisamente se tratara de afirmar en el ánimo
de la mujer española su carácter de inferioridad respecto al hombre, pero poniendo de
manifiesto la dignidad e importancia del trabajo de ama de casa, la gran relevancia del
cuidado y educación de los hijos y su gran influencia en el medio familiar a la hora de
conformar comportamientos sociales y políticos. Es decir, se trataba de anular las
posibilidades de cambio de unas mujeres en creciente dinamismo y que habían iniciado
con el cambio de siglo un replanteamiento de las relaciones personales y de su presencia
en la sociedad o en la política.
De las tres funciones de la organización (adoctrinadora, educadora y
asistencial) la que tendrá un carácter más claramente encuadrador por ser obligatoria
(para aquellas mujeres solteras o viudas sin hijos que fueran menores de 35 años y que
debían realizar durante seis meses, y seis horas diarias salvo festivos) era la del Servicio
Social. Comprendía una serie de actividades de carácter adoctrinador unas (el primer
mes, a base de lecciones sobre nacionalsindicalismo
y estructura del Estado, la llamada
“formación teórica”), educativas otras (dos meses de asistencia a “escuelas del hogar”, en
donde se recibían instrucciones sobre cómo ser una buena ama de casa mediante la
realización de trabajos ligados al hogar, como coser, cuidados de puericultura, clases de
cocina, etc.) y asistenciales (tres meses de “prestación” que se podía cumplir en
comedores infantiles, talleres, hospitales y diversas instituciones). Junto a ello, la práctica
de actividades deportivas, fundamentalmente gimnasia. El cumplimiento del Servicio
Social era imprescindible para “tomar parte en oposiciones y concursos, obtener títulos,
desempeñar destinos y empleos retribuidos en entidades oficiales o Empresas que
funcionen bajo la intervención del Estado”. Posteriormente se exigió también para la
obtención del pasaporte, carné de conducir, licencias de caza y pesca, pertenencia a
asociaciones de todo tipo, etc. Un elevado índice de exenciones, permisos, etc. Hacía que
muchas mujeres no lo hicieran y que otras lo hicieran a lo largo de varios años,
especialmente las estudiantes urbanas, con lo que de alguna manera se frenaba el objetivo
fundamental del Servicio, que era atraer a todas las mujeres españolas a un
adoctrinamiento social y político intensivo de seis meses. Conforme pasa el tiempo, el
Servicio social va quedándose más en la instrucción del “hogar”, en la forja de buenas
amas de casa, que en otra cosa.
En el intento de llegar a la mujer del campo se creará la Hermandad de la Mujer
y el Campo, organizándose grupos de mujeres que iban a los pueblos a ayudar a las
tareas agrícolas, a la par que se hacía propaganda política y se informaba de elementos
básicos de higiene, cuidado de la casa y de la familia. Fruto de estas actividades se creará
un cuerpo de Divulgadoras Rurales SanitarioSociales,
formadas durante tres meses en
escuelas de mandos menores que estaban destinadas a ilustrar en los pueblos de España
sobre esos temas. Se creó en 1940 y destacarán en la dura posguerra, con especial
hincapié en la lucha contra la mortalidad infantil y el cuidado de los bebés 4 . Con el paso
del tiempo cada vez adquirió más fuerza el aparato formativo y decayó la fuerza del
adoctrinamiento político.
También parte de la actividad asistencial fueron las “cátedras ambulantes” que
empiezan a funcionar en 1946. Consistían en un equipo de instructores (de juventudes,
4 J. Roca i Girona, De la pureza a la maternidad. La construcción del género femenino en la postguerra
española, Ministerio de Educación y Cultura, Madrid, 1996.
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del hogar, enfermera, médico, maestra, mando del partido) que con una serie de
remolques iban pueblo por pueblo dando charlas, consejos, cursos haciendo
demostraciones muy variadas. Destacaron en su lucha contra el analfabetismo y en la
creación de grupos de coros y danzas. Menos conocidos fueron los círculos Medina
(primero sólo en Madrid y Barcelona y luego en casi todas las provincias). Eran unos
locales con salón de actos y biblioteca en donde se programaban conferencias, encuentros
y actos culturales de todo tipo, como conciertos o exposiciones. Iban dirigidos más a la
mujer de clase media y alta urbana y a las estudiantes de bachiller y universitarias.
Después de 194243
en que los falangistas empiezan a perder terreno surge con
fuerza la Acción Católica como canalizadora de muchas inquietudes de las mujeres. Se
planteó de forma mucho más selectiva, sin intentar nunca ser una organización de masas
y con actividades de carácter muy reservado, aunque algunas tuvieran dimensión pública.
Fue menos intenso en el ámbito rural o con tintes más religiosos y más comprometido en
la ciudad, agrupando a mujeres procedentes en una buena parte de la aristocracia y la alta
burguesía, pero también con una presencia importante de sectores populares y obreros.
Representó una posibilidad real para las mujeres de alcanzar una cierta visibilidad dentro
de una estructura eclesiástica claramente masculina e incluso generalmente misógina. Es
decir, que suponía una presencia pública y un cierto nivel de responsabilidad de las
mujeres.
Este modelo conservador de socialización de la mujer se encontrará sin embargo
con riesgos no estrictamente políticos. La moda, el atolondramiento, el gasto superfluo y
el alejamiento de las pautas oficial y tradicionalmente indicadas suponía un cierto
enfrentamiento con otros modelos de conducta, que no era político, pero que sí mostraba
un rechazo de determinados sectores al duro corsé de costumbres impuesto por el
régimen.
Efectivamente, desde finales de los años treinta y durante la década de los
cuarenta se erigieron en España numerosas barreras a la actividad laboral femenina, en
una época en que estos desincentivos y limitaciones se estaban destruyendo en otros
países occidentales con gobiernos democráticos. Ya en el Fuero del Trabajo, promulgado
en 1938 se hablaba de “liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica”. Posteriormente
se prohibió el trabajo de la mujer casada si el marido tenía un mínimo de ingresos
determinado. La Ley de reglamentaciones de 1942 implanta la obligatoriedad de
abandono del trabajo por parte de la mujer cuando contraiga matrimonio y algunas
importantes empresas como Telefónica hacen constar en sus cláusulas esta normativa al
contratar: si había una reincorporación posterior, debía contar con la autorización del
marido. Por contraste, la ley de julio de 1961 recogió el principio de igualdad de derechos
laborales de los trabajadores de ambos sexos, si bien estableció excepciones
significativas.
Cuando, a finales de los años cincuenta, comenzó un proceso de aper tura de
España hacia el exterior y una política de industrialización modernizadora del país,
también se introdujeron algunas modificaciones en una legislación a todas luces arcaica.
Así es como en 1958 y en 1961, por ejemplo, se publican sendas leyes que, en el plano de
la vida civil y laboral, introducen algunas reformas tímidas, asentadas en una premisa
que, entonces, era absolutamente novedosa: la no discriminación por razones de sexo
respecto a la capacidad jurídica de las mujeres, es decir, respecto a sus derechos y
obligaciones. Pero se aclaraba que este principio de no discriminación hacía referencia a
las mujeres ¡solteras! Porque las menores de edad (entonces hasta los veintiún años,
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aunque las hijas no podían abandonar el hogar paterno hasta los veintitrés años, “salvo
para tomar estado”) estaban bajo la tutela de los padres y las casadas bajo la tutela de sus
maridos. ¿En qué se traducía esta tutela? Por ejemplo, en que las mujeres no podían elegir
por sí mismas una profesión y ejercerla, realizar ninguna operación de compraventa,
firmar un contrato de trabajo o la apertura de una cuenta bancaria sin la correspondiente
“autorización marital”. Por no poder, las mujeres casadas no podían no solamente
disponer de sus propios bienes sin la autorización del marido, sino que ni siquiera podían
disponer de sí mismas: cualquier cosa que quisieran hacer debía contar con la firma del
marido.
Como consecuencia de los cambios económicos que comenzaron a tener lugar,
también la sociedad española se modifica profundamente: el desarrollo de la industria
genera un éxodo muy fuerte desde el campo a las ciudades, la apertura contribuye a la
salida de españoles y españolas en busca de trabajo en los países vecinos, la educación se
generaliza. Muchas mujeres cambian de medio y se incorporan a vivir en los cinturones
industriales, dejando atrás la vida rural. Muchas de ellas, además, se introducen en el
mercado de trabajo, tanto en las industrias como en los servicios: la vida en las ciudades
es completamente distinta y las necesidades económicas también. Las posibilidades de
acceso a la educación se incrementan y se empieza a extender la idea de que los estudios
son importantes para que las niñas puedan, en el futuro, tener mayores posibilidades de
acceder a mejores trabajos y, por qué no decirlo, a mejores maridos, de niveles sociales
más altos.
En las capas medias, sobre todo, las jóvenes comienzan a acceder en forma
creciente a los estudios universitarios, proceso que se amplía notablemente en los años
setenta. Con el acceso a la universidad se abrió la posibilidad de que algunas mujeres
comenzaran a conocer tanto el ordenamiento jurídico como los presupuestos sobre los
que éste se asentaba. Descubrían, por ejemplo, que en el Código Civil se equiparaba a las
mujeres –por el solo hecho de ser mujeres– a los locos y dementes. El artículo 57 del
Código Civil sancionaba ese su retorno a la edad pueril en su relación con el hombre, aun
dentro del matrimonio: “El marido ha de proteger a la mujer y ésta obedecerle”. Hasta
1958 no fue autorizada por la ley a ser tutora o testigo en testamentos, aunque la casada
seguía necesitando permiso del marido, y hasta 1973, en las vísperas de la consunción
física del régimen por deceso de su líder carismático, las solteras no pudieron abandonar
el hogar paterno y organizarse su vida antes de los veinticinco años, pasando a partir de
ese año a equiparar la edad de emancipación legal –los veintiuno– con los varones. La
educación recibida había intentado programarla en el sentido de la sumisión al hombre,
de la virginidad como único valor específicamente femenino, de la decencia y la honra,
del matrimonio y la procreación como indispensable objeto de su existencia. El Código
Penal castigaba duramente a la mujer que cometía adulterio (la mujer casada que yace
con varón que no sea su marido ), mientras que en los hombres sólo era delito si se trataba
de amancebamiento (que el marido tenga manceba dentro de la casa conyugal o
notoriamente fuera de ella ). El artículo 416 del Código Penal castigaba con arresto mayor
o multa a todos aquellos que indicaran, vendiera, anunciaran, suministraran o divulgaran
cualquier medio o procedimiento capaz de facilitar el abor to o evitar la procreación.
Sin embargo, en el caso de aborto, se contemplaba la reducción de la condena si se
alegaba la deshonra que suponía para la familia una madre soltera.
Hasta 1961 la mayoría de las ordenanzas laborales y reglamentaciones de trabajo
en empresas públicas y privadas establecieron despidos forzosos de las trabajadoras al
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contraer matrimonio y algunos reglamentos del régimen interior de las empresas
prohibían a las mujeres ejercer puestos de dirección. Además, la mujer casada continuó
necesitando el permiso de su marido para firmar contratos de trabajo, ejercer el comercio
y usufructuar su salario.
La Ley 22 de julio de 1961 prohibió toda forma de discriminación laboral en
función del sexo y expresamente la salarial. En torno a 1961 las reglamentaciones de
trabajo y ordenanzas laborales dejaron de contener cláusulas de despido por matrimonio.
A partir de entonces, cuando las trabajadoras contraían nupcias, podían generalmente
elegir entre tres opciones:
1. continuar en su puesto
2. acogerse a una excedencia temporal de uno a cinco años para dedicarse al cuidado de
su familia
3. o a una permanente, tras percibir una indemnización.
En 1966 se permitió a las mujeres ejercer como magistrados, jueces y fiscales de la
Administración de Justicia. La autorización marital para firmar un contrato laboral y
ejercer el comercio fue abolida en la reforma de los Códigos Civil y de Comercio de
1975. Cuando el régimen económico del matrimonio era la sociedad de gananciales, los
salarios de ambos cónyuges constituían bienes gananciales, cuya administración siguió
correspondiendo durante todo el franquismo (y hasta 1981) al marido. Por último, a
finales de 1975 el acceso a algunos puestos de trabajo permanecía cerrado para las
mujeres, por ejemplo, en la Policía o las Fuerzas Armadas.
En el plano laboral existían discriminaciones como la imposibilidad de acceder a
cargos de magistrado, juez o fiscal, partiendo de la consideración de que, en caso de
acceder a ellos, la mujer pondría en peligro ciertos atributos a los que no debe renunciar,
como son la ternura, la delicadeza y la sensibilidad (Ley de Derechos Políticos,
Profesionales y de Trabajo de la Mujer, 1961); o la exigencia de una autorización del
marido para que la esposa pudiera trabajar, lo que se conocía como “licencia marital” y
que se mantuvo hasta la reforma legislativa de 1975; el matrimonio era, en el caso de las
mujeres, una causa para la rescisión del contrato de trabajo y las leyes no garantizaban la
estabilidad laboral de las mujeres que desearan seguir trabajando. Las discriminaciones se
manifestaban también en las diferencias salariales en general. Por ejemplo, unas
ordenanzas laborales del sector textil establecían, en 1970, que en el caso de que las
mujeres realizaran “funciones propias del varón”, recibirían un sueldo del 70%.
La tasa de actividad femenina ascendió al 21% en 1960, es decir, algo menos de
2.200.000 mujeres activas. En ese momento, la aprobación de la Ley de 1961 revistió
considerable importancia porque amplió el rango de los derechos laborales reconocidos a
las mujeres, inició una pauta de desmantelamiento progresivo (pero no total) de las
discriminaciones legales referidas al trabajo extradoméstico femenino y, en principio,
pudo afectar a todas las mujeres que participaban en el mercado laboral, y que constituían
un colectivo no desdeñable desde el punto de vista numérico.
La ley del 61 no se aprobó por imperativos económicos. En el mercado laboral
español no se precisaba mano de obra adicional. Incluso si tal carencia se hubiera
producido, hubiera podido paliarse, entre otros medios, contratando a hombres parados y
subempleados, o a los que emigraron a principios de los años sesenta.
Tampoco fue una respuesta a las demandas sociales. Las asociaciones
movilizadas en contra de las discriminaciones por razón de sexo eran entonces muy
pocas, y contaban con recursos insuficientes para ejercer influencia sobre la elite política.
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Durante el franquismo el feminismo fue atacado con una dureza e intensidad sin parangón
en casi ninguna sociedad de nuestro entorno. Por eso no debe sorprender que en 1975 casi
tres de cada cuatro (72%) entrevistados (hombres y mujeres) afirmaran que el trabajo de
la madre era negativo para la educación de los hijos, al menos mientras estuviesen en
edad escolar. Amplios sectores de la población se mostraban recelosos ante el trabajo
extradoméstico de las mujeres casadas, frontalmente opuestos al de las madres de niños
pequeños y favorables a que fuese a los maridos a quienes correspondiese autorizar (o no)
a las mujeres a realizar actividades fuera del hogar, si bien una minoría significativa
sostenía opiniones contrarias a las expuestas.
La Ley de 1961 fue elaborada por la elite guber namental actuando con relativa
independencia respecto a los dictados de la economía o las demandas sociales 5 . Según
Pilar Pr imo de Rivera: “Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el
talento creador, reservado por dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos
hacer más que interpretar mejor o peor lo que los hombre nos dan hecho”. Por tanto,
parece que fue la voluntad de los mandos de la Sección Femenina, en consonancia con el
resto de la elite política franquista, de ganar para España cierto reconocimiento
inter nacional, lo que les impulsara a promover una medida liberalizadora del cariz de la
ley de 1961. La Ley de 1961 sirvió, junto a otras, para que los gobernantes franquistas
presentaran a España en el contexto internacional como un país en el que, a pesar del
régimen dictatorial, la situación de las mujeres era, de algún modo, equiparable a la de las
sociedades de nuestro entorno. Por lo demás, en cuanto al debate de la ley el asunto más
debatido fue el relativo a la autorización marital: a las casadas no se les requeriría un
permiso escrito de sus esposos cada vez que firmaran un contrato de trabajo, si bien éstos
podrían negarse a que sus mujeres trabajaran, habiendo de expresar su negativa por
escrito. El precio que una parte de la elite política no estaba dispuesta a pagar por obtener
cierta aceptación internacional del régimen era el cuestionamiento del principio de
autoridad en la familia, la célula primaria de la sociedad según el discurso oficial.
LA MUJ ER EN LA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA.
La igualdad ante la ley es una de las primeras exigencias de una sociedad
democrática y sería, por lo tanto, una de las primeras cuestiones en torno a las cuales
comenzarían a movilizarse las mujeres: primero serían los derechos civiles, tales como la
derogación de la licencia marital, la supresión de todos los artículos en las leyes que
tuvieran un carácter de subordinación de las mujeres respecto a los hombres, la patria
potestad conjunta, la mayoría de edad a los veintiún años a todos los efectos, la libertad
religiosa en los centros públicos y privados. A ellos se sumarían los derechos políticos: a
crear asociaciones, a poder reunirse, expresarse libremente y ejercer la huelga, en el
contexto de los reclamos de democratización del conjunto de la oposición al régimen
autoritario. También se reclamarían los derechos en el ámbito laboral y educativo. Y,
progresivamente, se añadiría el derecho a una sexualidad libre, al control de la natalidad y
al aborto, la ley de matrimonio civil y la ley de divorcio.
Esta manifiesta desigualdad legal sería uno de los motores movilizadores que
llevaría a organizarse a mujeres del ámbito universitario fundamentalmente, pero que se
5 Celia Valiente Fernández, “La liberalización del régimen franquista: la Ley de 22 de julio de 1961 sobre
derechos políticos, profesionales y de trabajo de la mujer”, en Historia Social, nº 31, 1998, pp. 4565.
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iría extendiendo a otras reivindicaciones y a la incorporación de mujeres procedentes de
otros medios y otras experiencias, confluyendo en una corriente que comenzará a tomar
forma como “movimiento feminista” a finales de 1975 y que, después de cuatro años de
intensa actividad, comenzaría un etapa de pérdida de fuerza, en parte por las disensiones
internas, en parte por los nuevos desafíos que implicaron la puesta en marcha de las
instituciones democráticas.
Algunas mujeres, por tradición familiar o por contactos en los centros de estudios,
se iban incorporando a las actividades que se realizaban en los diversos grupos de
oposición política a la dictadura, en carácter de militantes, colaboradoras, simpatizantes o
prestando apoyo y colaboración en forma más o menos ocasional y participando de las
actividades de protesta que, por entonces, se generalizaron tanto en las fábricas y
universidades como en los barrios populares. Muchas de estas mujeres realizarían el
camino desde la participación en grupos políticos a la integración en grupos de mujeres
feministas, a partir de los problemas que encontraron en las formas políticas al uso por el
hecho de ser mujeres. Otras se nuclearon en torno al problema de la compatibilización del
cuidado de los hijos y los trabajos: comenzaron entonces las primeras experiencias
autogestionarias de guarderías y las reivindicaciones de su creación por parte del Estado.
Ello implicaba una ruptura con un modelo tradicional que suponía que las mujeres
debían dedicarse prioritariamente a la crianza de los hijos y que era cosa de los hombres
el trabajar fuera de la casa para conseguir el dinero necesario. Para estas mujeres jóvenes,
con mayores niveles de instrucción que sus madres, comenzaba la penuria de la doble
jornada, que para tantas mujeres convirtió la dedicación exclusiva al hogar como la
opción más deseable, frente al agobio de tener que hacerlo todo. A las mujeres que
siempre habían tenido que trabajar porque necesitaban esos ingresos, se sumaban ahora
otras que, además de venirles bien el dinero, querían trabajar como una forma de entender
sus propias vidas, de preservar cierta autonomía personal dentro de la institución familiar.
Entre las que se incorporaban a trabajos remunerados, poco a poco iban
comprobando las diferencias de trato y las desigualdades imperantes en los medios
laborales entre hombres y mujeres: en general, estas últimas recibían salarios menores y
sus posibilidades de promoción eran bastante más remotas que las de sus compañeros
masculinos. Otra fuente de malestar y motivo de debates. En este sentido, la vertiente más
fuerte de iniciación del movimiento feminista como tal, la constituyeron grupos
espontáneos de mujeres que comenzaron a reunirse para conversar entre ellas sobre el
creciente malestar que sentían y que no conseguían explicar ni delimitar. Estos grupos,
básicamente iniciados por amigas, irían progresivamente incorporando temas de debate,
accediendo a textos producidos por mujeres en otros países (Francia, Italia, Inglaterra,
Estados Unidos). Por su propia forma de constitución y por las preguntas de las que
partían estas mujeres, una de las características que las diferenciaba de los grupos
políticos tradicionales era la fuerte implicación personal y afectiva, el espacio concedido
al debate de cuestiones de la vida cotidiana, de los sentimientos y las vivencias
personales. Estos temas no tenían cabida en la agenda política y las mujeres no contaban
tampoco con un lenguaje apropiado para expresarlo.
El año 1975 fue fundamental en este proceso. Las Naciones Unidas lo habían
declarado como Año Inter nacional de la Mujer , dedicándolo al estudio de la situación
de las mujeres en el mundo. Ello movilizó unas energías enormes entre las feministas y
las mujeres que habían comenzado a organizarse. Quisieron aprovechar la celebración
internacional para poner de manifiesto el atraso y las discriminaciones que sufrían las
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mujeres en la sociedad española. Las vías más importantes de difusión de estas
preocupaciones fueron los medios de comunicación, tanto en la prensa escrita como en la
televisión, que transmitieron comparaciones de todo tipo con la situación de las mujeres
en el resto de los países, especialmente los europeos, poniendo en evidencia la arcaica
situación legal de las mujeres españolas, la ausencia de libertades y derechos, así como su
status social relegado.
De esta manera, el Año Internacional de la Mujer aportó una dimensión mundial a
todas las inquietudes que venían sintiendo esta jóvenes españolas, en un momento que
resultó muy intenso para el conjunto de la sociedad, por la creciente descomposición del
régimen autoritario y la muerte de Franco. Para las mujeres fue un punto de inflexión en
su capacidad de romper con una invisibilidad milenaria, viviendo un gran impulso
organizativo, en el que los grupos comenzaron a delimitarse mejor y a adquirir una mayor
solidez y proyección hacia el conjunto de la sociedad. Todo ello llevaría a la realización
de las primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer, en Madrid, los días 6,
7 y 8 de diciembre de 1975, pocos días después de la muerte de Franco.
Allí confluyeron distintas corrientes organizativas, procedentes de Madrid,
Cataluña, Galicia, Valladolid, Albacete, Valencia, Santander, Málaga, Sevilla, entre otras.
En la preparación colaboraron diversas asociaciones, como las de Amas de Casa, Mujeres
Universitarias, Amigos de la UNESCO. El temario comprendía ponencias desarrolladas
por las delegaciones procedentes de diversos puntos del país: mujer y sociedad; mujer y
educación; mujer y familia; mujer y trabajo; mujer y barrios; movimientos feministas.
Fue así como estas primeras Jornadas tuvieron un eco muy amplio, en primer lugar entre
los grupos feministas, pues acudieron mujeres de todas las regiones y de todas las
tendencias ideológicas.
Desde los primeros debates comenzaron a marcarse diferencias en la
conceptualización y las prioridades del movimiento feminista: unas ponían el acento en la
lucha feminista centrada en los derechos de las mujeres; otras, más ligadas a
organizaciones políticas concretas, planteaban que el feminismo debía ser un frente más
en la lucha política por la democracia y las libertades que mantenía la clase trabajadora en
su conjunto, aceptando la dirección de los partidos de vanguardia. Los grandes debates
feministas comenzaron entonces y se centrarían en la cuestión de la autonomía del
feminismo como movimiento social respecto a las estructuras partidistas tradicionales. En
realidad, lo determinante de las desavenencias era la pertenencia o no a partidos políticos,
lo que se expresó en términos de partidarios de la militancia única (feminista) versus
partidarias de la doble militancia. Como conclusión se elaboró una Resolución política de
las primeras Jornadas Nacionales por la Liberación de la Mujer , se plasmaron
denuncias y reivindicaciones relativas a las cuestiones que más preocupaban a las
mujeres, con especial hincapié en los temas laborales. Respecto al Movimiento Feminista,
se afirmaba lo siguiente:
La necesidad de un Movimiento Feminista revolucionario y autónomo en nuestro país, que
defienda las reivindicaciones específicas de la mujer en todo momento, a fin de evitar su
discriminación en cualquier aspecto: legal, laboral, familiar o sexual, conscientes de que la poca
envergadura política que revista la situación de la mujer es la causa de la continua marginación de
sus intereses en las esferas de decisión del país.
Pensamos que siendo indispensable la autonomía del feminismo como organización
reivindicativa, es sólo mediante la presencia activa y teórica de la mujer en las estructuras y
programas encargados de encauzar las reivindicaciones sociales, como podrán lograrse sus
objetivos. Nuestra lucha como mujeres no debe ser una lucha contra el sexo masculino, sino contra
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la situación que hace posible que nos oprima, contra las estructuras que mantienen el poder de
decisión, configuración y actuación en manos exclusivamente masculinas.
Aunque la proliferación de grupos de mujeres de composición variopinta hace
muy difícil realizar una clasificación exhaustiva por ideología o adscripción política, no
obstante, ya a partir de esas primeras jornadas es posible delimitar la existencia de tres
grandes corrientes, reconocidas en esa época:
Feminismo
socialista : vinculado a los movimientos políticos y a las luchas
sociales de la época. Se identificaba con los grupos y partidos políticos de izquierda y
admitía la doble militancia, participando muchas en partidos y organizaciones políticas
tradicionales. Entre los grupos que integraban esta corriente pueden mencionarse el
Movimiento Democrático de Mujeres, vinculado al Partido Comunista; la Asociación
Democrática de la Mujer, vinculada al Partido del Trabajo; y la Unión por la Liberación
de la Mujer, relacionada con la Organización Revolucionaria de Trabajadores.
Feminismo
radical : formado por los grupos feministas independientes de los
partidos políticos. Propugnaban la militancia única por considerar que el feminismo era
una alternativa política global. Pueden mencionarse los Seminarios y Colectivos
Feministas; el grupo LAMAR, en Barcelona y el grupo TERRA, en Valencia.
Tercera
vía : integrada por grupos feministas que no estaban especialmente
vinculados a ningún partido político pero que admitían la doble militancia por parte de
aquellas mujeres a las que les apeteciera. A medio camino entre las posiciones de las
otras dos corrientes, intentaban compatibilizar lo menos extremo de ambas posiciones.
Pueden mencionarse como defensoras de esta postura al Frente de Liberación de la
Mujer, en Madrid, y el grupo ANCHE, en Barcelona, entre otras.
Mientras que las segundas se centraban en el cambio de las relaciones entre
hombres y mujeres, en la defensa de los intereses de las mujeres frente a los intereses
históricamente defendidos por los hombres, las primeras entendían que sin cambio social
general no era posible el feminismo y que el destino de las mujeres, sus derechos y
libertades, estaba unido a la historia del movimiento socialista, como ejemplificaban las
vidas de mujeres como Clara Zetkin, Rosa Luxemburgo, Flora Tristán a nivel
internacional, y Clara Campoamor o Margarita Nelken, en España.
En mayo de 1976 tuvo lugar el segundo encuentro de mujeres de todo el Estado,
las Jornades Catalenes de la Dona . Al calor del fuerte impulso activista que habían
desarrollado las mujeres en Cataluña, estas jornadas se celebraron en el Paraninfo de la
Universidad de Barcelona, bajo los auspicios de la Asociación de los amigos de las
Naciones Unidas y la coordinación se realizó a través del Secretariado de Organizaciones
No Gubernamentales. En ellas se reunieron más de cuatro mil mujeres procedentes de
todos los puntos de España y se llegó a una Plataforma Unitaria de movilización. Allí se
discutió la polémica sobre si las mujeres constituían una clase social en sí o formaban
parte de las distintas clases en función de sus posiciones socioeconómicas; el análisis del
patriarcado, el dominio masculino en el linaje y en la familia intentando explicar las
relaciones existentes entre hombre y mujeres; el papel del trabajo doméstico no
remunerado en las sociedades capitalistas y el reparto tradicional de las tareas domésticas;
el análisis de la familia como una institución que originaba la explotación de la mujer; la
maternidad como imposición o como opción libre y voluntaria; la separación de la
sexualidad y la reproducción. En las conclusiones se plasmó una plataforma amplia de
reivindicaciones, que suscitó la creación de nuevos grupos, la ampliación de los
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existentes y mayores esfuerzos para la coordinación de acciones conjuntas. Pero no fue
sólo un espacio para el debate teórico: también, a través de las ponencias y discusiones,
comenzaron a ponerse en común diversas experiencias de trabajo que iban
desarrollándose en distintos lugares 6 .
El día 8 de marzo, día de la Mujer, se convirtió en ocasión anual de manifestación
reivindicativa. Las mujeres pusieron una marca festiva a esos encuentros políticos,
buscando formas llamativas y provocadoras de presentar las reivindicaciones. Se abrieron
bares para mujeres y las primeras librerías para mujeres. Los centros de planificación se
crearon con el objetivo de ayudar a las mujeres de menores recursos económicos y a las
más jóvenes, que tenían dificultades para acceder a métodos anticonceptivos y que se
encontraban en dificultades muy serias a la hora de enfrentarse con embarazos no
deseados. En 1976 se creó en Madrid el primer centro de este tipo. En 1978, el
nombramiento de una mujer feminista como consejera de la Junta Preautonómica de
Andalucía contribuyó en forma decisiva a la apertura de Centros de la Mujer. Una forma
de actuación importante fueron las manifestaciones de protesta organizadas al hilo de
agresiones, con el objeto de sensibilizar a la opinión pública sobre la vulnerabilidad de las
mujeres en la sociedad machista y violenta y la necesidad de llevar a cabo actividades de
prevención. Un ámbito en el que las feministas pusieron también grandes esfuerzos fue el
de la educación, sobre todo en cuanto a libros de texto y coeducación. Así se llevó a cabo
una denuncia del sexismo que impregnaba los libros de texto escolares. En sus análisis
consideraban que una de las claves para entender el papel secundario de las mujeres en la
sociedad era su reclusión en el seno de la familia. El trabajo remunerado aparecía como el
mecanismo de cambio y la vía de liberación.
En las primeras elecciones democráticas de junio de 1977, aunque en los
programas de los partidos políticos –en realidad sólo los de izquierdasse
hablaba de la
mujer, siempre era considerado como de segundo orden, no obstante, veinticinco mujeres
fueron elegidas diputadas y, entre ellas, tres eran feministas confesas. Dentro del
Ministerio de Cultura se creó la Subdirección General de la Condición Femenina que
organizó en septiembre de 1976 las primeras Jornadas de la Condición Femenina en
Madrid a la que asistieron los grupos que tenían mayor ligazón con partidos políticos.
Con el establecimiento de los primeros Ayuntamientos democráticos se crearon las
primeras concejalías o Departamentos de la Mujer. También se creó el Instituto de la
Mujer como un organismo de mayor rango dentro de la Administración y resultado de las
presiones de un grupo de mujeres del PSOE en 1983 al transformarse la Subdirección de
la Condición Femenina en Instituto de la Mujer con una dotación presupuestaria
importante. Su primera directora sería la feminista y diputada socialista Carlota Bustelo.
A partir de allí se intensifica y profundiza la presencia de las reivindicaciones feministas
en la agenda política pero de forma institucional. Ello viene dado porque el
asociacionismo femenino pareció tocar su techo en las terceras y últimas grandes jornadas
estatales celebradas en Granada en 1979. El enfrentamiento más importante giró en torno
a la cuestión sobre la participación activa en las instituciones democráticas, partidos
políticos incluidos. En el fondo subyacía también un debate teórico: el feminismo de la
igualdad y el feminismo de la diferencia.
Este debate se originaba en los diversos intentos de explicación del hecho de que
las sociedades, a lo largo de la historia, habían hecho de la diferencia biológica de la
6 Laura Nuño Gómez (Coordinadora), Mujeres: de lo privado a lo público , Madrid, Tecnos, 1999.
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mujer una desigualdad social o de género. En líneas generales, las partidarias del
feminismo de la diferencia creían que lo importante era reivindicar como positivos los
valores que se habían ido atribuyendo a las mujeres: afectividad, sensibilidad, naturaleza
y apostaban a una rebelión total contra el sistema patriarcal y los valores dominantes. Por
su parte, las partidarias del feminismo de la igualdad tendían a poner el acento en las
discriminaciones por razones de género, se enfrentaban al machismo y apostaban por el
ejercicio pleno de los derechos individuales, políticos, sociales y económicos por parte de
las mujeres. Ambas posturas se traducían en posiciones divergentes respecto a la
militancia única en el feminismo o a la militancia doble, con participación en los partidos
políticos. En el encuentro de Granada la tensión alcanzó su máxima expresión y se
desencadenó una profunda división en el movimiento feminista que fue progresivamente
disgregándose y perdiendo la fuerza de los años precedentes.
Por otro lado, la creación de diversos espacios institucionales desde los que
desarrollar políticas concretas para luchar contra la discriminación de las mujeres
absorbió una buena parte de los esfuerzos y canalizó muchas de las tareas que hasta
entonces se habían desarrollado a base de voluntarismo y espontaneidad.
Hoy se puede decir que el feminismo no es un movimiento exclusivo, cerrado, con
límites precisos sino que una parte de los postulados feministas ha ido coloreando a la
sociedad en su conjunto: en los centros educativos, en la universidad, en los partidos
políticos, los sindicatos, las asociaciones profesionales y juveniles; en todos los ámbitos
las mujeres han ido avanzando, aunque sea poco a poco y en forma despareja.